El pasado 25 de junio, participamos junto con organizaciones de la sociedad civil musulmana y antirracista europea con los representantes de los Estados miembro en el seminario «Taller de la Comisión Europea y buenas prácticas para abordar el racismo y la discriminación hacia los musulmanes» en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Este evento es la continuación de la iniciativa #NoPlace4Hate del Consejo de Europa emprendida el 3 de diciembre de 2018, en la que también estuvimos presentes y que esperamos continúe a pesar de los cambios políticos.

Traducción de las recomendaciones consensudas por las entidades involucradas de la sociedad civil, entregadas y presentadas a los representantes de los Estados miembro:

Madrid a 25 de junio de 2019

Taller de la Comisión Europea y buenas prácticas para abordar el racismo y la discriminación hacia los musulmanes.

La postura de la sociedad civil

Mayores preocupaciones

Son cinco las preocupaciones que enfatizamos:

  • Ausencia de reconocimiento de la islamofobia estructural e institucional, concretamente del papel del Estado en las manifestaciones y discriminaciones islamófobas.
  • El aspecto de la islamofobia de género: no se puede tratar la islamofobia sin la interseccionalidad y el papel de las políticas sobre igualdad de género.
  • Políticas contra el terrorismo: las medidas tomadas desde el 11S contra el terrorismo hasta la actualidad han sido enfocadas desproporcionadamente hacia personas racializadas, musulmanes y migrantes.
  • Las acusaciones infundadas lanzadas contra ONG trabajando en el campo de la islamofobia son claras manifestaciones de la sospecha generalizada hacia los musulmanes en Europa. Las entidades de la sociedad civil europea son los principales actores democráticos que aseguran que todas las comunidades sean escuchadas y empoderadas, así como los que piden responsabilidades a los gobiernos. No obstante, a menudo, las ONG que trabajan contra la islamofobia son deslegitimadas severamente y su reputación, recursos e integridad se ven amenazados.
  • Desarrollar y fortalecer programas de financiación que permitan a entidades que trabajan contra la islamofobia de la sociedad civil desarrollar proyectos a largo plazo para el desarrollo de capacidades, defensa de la igualdad, litigio estratégico, programas educativos, etc. Esto debiera ser incluido en las actuales negociaciones presupuestarias de la Unión Europea. Facilitar el acceso a estos fondos también es crucial para permitir que la sociedad civil pueda acceder a sus beneficios.

Recomendaciones a los Estados

Hacen falta planes y compromisos concretos para afrontar las manifestaciones de la islamofobia institucional adoptando medidas en áreas legislativas clave.

  • Apoyar la adopción o mejora de políticas antirracistas como planes nacionales de acción contra el racismo, con medidas o estrategias específicas para abordar la islamofobia que incluyan medidas contra la islamofobia interseccional que sufren mujeres musulmanas (siguiendo el modelo del Plan contra la Islamofobia de Barcelona).
  • Adoptar directrices para implementar políticas interseccionales relacionadas con las restricciones en la vestimenta religiosa, mientras se reconoce que estas restricciones afectan en mayor medida a mujeres musulmanas y que contradicen la plena igualdad de género. Estas directrices podrían promover acercamientos no discriminatorios para facilitar la inclusión absoluta de las mujeres musulmanas en todas las parcelas de la vida. Las evaluaciones de la legislación vigente deberían tener en cuenta este enfoque.
  • Desarrollar y promover la gestión de la recopilación de incidentes en las áreas de delitos de odio e igualdad, reconociendo los indicadores islamófobos en una categroría separada. Estos datos deben ser disgregados por las múltiples bases de discriminación que incluyan género, raza, etnia y religión.
  • Investigar y reconocer el impacto discriminatorio de las políticas y normativas contra la radicalización y contra el terrorismo. Asegurar que las políticas antiterroristas cumplan con las garantías de los derechos fundamentales, especialmente cuando se implemente la recién aprobada Directiva de la Unión Europea contra el terrorismo.
  • Asegurar espacios seguros para la colaboración entre las ONG y las autoridades del Estado. Abstenerse de acusaciones infundadas.

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