En el presente informe, el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed, examina cómo la islamofobia y el odio contra las personas musulmanas violan la libertad de religión o de creencias. El fenómeno, que perpetúa la discriminación, la hostilidad y la violencia hacia las personas y comunidades musulmanas, socava la capacidad de los musulmanes afectados para ser musulmanes y viola la libertad de religión o creencias y numerosos derechos humanos. A pesar de sus impactos generalizados, el racismo antimusulmán sigue siendo poco conocido y las discusiones sobre cómo abordar sus impactos a menudo están cargadas de tensión.

El informe: (i) desglosa el concepto de islamofobia, incluidos los procesos de esencialización y racialización que impulsan esta forma de sesgo (ii) documenta las experiencias de las comunidades afectadas y los impactos en los derechos humanos (iii) afirma el marco internacional de derechos humanos pertinente; y (iv) propone recomendaciones para abordar y mitigar los impactos de la islamofobia de conformidad con el derecho internacional.

Desde la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos hicimos las aportaciones oportunas desde España, aunque el Estado no aportó dato alguno.

A/HRC/46/30

Informe del Relator Especial sobre la libertad de religión o creencias, Sr. Ahmed Shaheed.

Sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos, 2 de marzo de 2021

Tema del informe: Lucha contra la islamofobia / el odio antimusulmán para eliminar la discriminación y la intolerancia basadas en la religión o las creencias.

Resumen

El presente informe examina cómo la islamofobia perpetúa un círculo vicioso en el que la política del Estado valida las actitudes y acciones islamófobas privadas y cómo la prevalencia de tales actitudes puede impulsar políticas de Estado que penalicen a los musulmanes con graves consecuencias para el disfrute de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa o de creencias. El Relator Especial subraya que la discriminación islamófoba, tanto en el ámbito público como en el privado, a menudo dificulta que un musulmán sea musulmán. Señala que las restricciones desproporcionadas sobre la capacidad de los musulmanes para manifestar sus creencias, la securitización de comunidades enteras, los límites al acceso a la ciudadanía, la exclusión socioeconómica y la estigmatización generalizada de las comunidades musulmanas, acumulativamente, en algunos contextos, pueden equivaler al nivel de coerción, prohibido por el derecho internacional.

El informe también destaca que la discriminación, la hostilidad y la violencia contra los musulmanes reales o percibidos a menudo es interseccional. La discriminación por motivos religiosos se cruza con la discriminación basada en la nacionalidad, el género, el origen racial o étnico, entre otras características protegidas, o la agrava. Los musulmanes son atacados con frecuencia en base a características visibles de “musulmanes” , como sus nombres, color de piel y vestimenta religiosa, incluido el hiyab. Las mujeres musulmanas pueden enfrentarse a una “triple pena”: como mujeres, pertenecientes a minorías étnicas y musulmanas.

El Relator Especial está profundamente alarmado por la naturaleza frecuente y generalizada de la violencia contra los musulmanes en todo el mundo, incluidos incidentes en los que las autoridades presuntamente incitaron, participaron o no respondieron a la violencia. Recuerda estudios que identificaron una dialéctica entre las políticas y prácticas estatales que discriminan a los musulmanes y la islamofobia que impulsa a los agresores individuales a llevar a cabo ataques violentos contra los musulmanes y sus bienes.

Durante las últimas dos décadas, las personas y comunidades musulmanas han sido las más afectadas por el uso y abuso de las medidas antiterroristas. Se culpa colectivamente a los musulmanes por actos terroristas supuestamente llevados a cabo en nombre del islam, junto con actitudes islamófobas que se basan en generalizaciones negativas sobre el islam y esencializaciones de las personas musulmanas, que las describen como amenazantes y se centran en construcciones de diferencias culturales irreconciliables entre musulmanes y los valores de las poblaciones mayoritarias. Todo ello ha alimentado actos de discriminación, hostilidad y violencia contra personas y comunidades musulmanas.

El experto destacó que el derecho internacional de los derechos humanos protege a las personas, no a las religiones. La crítica de las ideas, líderes, símbolos o prácticas del islam no es islamófoba per se; a menos que vaya acompañado de odio o prejuicio hacia los musulmanes en general.

El Relator Especial también insta a los Estados a prohibir toda apología del odio religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Además, pide a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las empresas de tecnología digital, a los empleadores y a las Naciones Unidas a que tomen medidas para abordar la islamofobia dentro del marco más amplio de los derechos humanos. Es enfático en que todas las respuestas deben ser compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y recomienda específicamente la utilización de las normas humanas internacionales existentes, como el Plan de Acción de Rabat y la resolución 16/18 del Consejo de Derechos Humanos.

Acceso al informe completo (inglés).

Presentación del informe el 4 de marzo de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (inglés).