Sospecha, discriminación y vigilancia. El impacto de las leyes y políticas antiterroristas en los grupos racializados en riesgo de racismo en Europa.

Desde 2001, la Unión Europea ha adoptado más de 200 medidas antiterroristas. Estas medidas plantean riesgos importantes para los derechos fundamentales y el estado de derecho, en particular para los miembros de grupos racializados. La Directiva de la UE de 2017 sobre la lucha contra el terrorismo (DCT) exige que la Comisión Europea presente un informe antes de septiembre de 2021 sobre el impacto de la DCT “en los derechos y libertades fundamentales, incluida la no discriminación y el estado de derecho”.[1]  En previsión de esta revisión, realizamos una investigación para examinar las experiencias de las medidas de lucha contra el terrorismo y de la radicalización por parte de miembros de grupos que corren un mayor riesgo de sufrir discriminación y racismo en Francia, Alemania, Hungría, Polonia y España. Hay un enfoque particular en la investigación sobre las personas musulmanas, lo que refleja la realidad de que, como ha observado la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), hay “una peligrosa ´normalización´ del prejuicio islamófobo” como “el islam y los musulmanes continúan siendo asociados a la radicalización, la violencia y el terrorismo”.[2] Este informe se basa en la investigación documental y los datos de entrevistas individuales y de grupos focales que han involucrado a 211 participantes de la investigación en cinco Estados. Los datos se recopilaron en los dos años previos a octubre de 2020. Nuestro análisis de cómo se experimentan las políticas estatales y su impacto en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales proporciona la base para las recomendaciones de política al final del resumen ejecutivo.

Estado español

Este resumen identifica los temas clave y los hallazgos emergentes de la investigación en España y se basa en:

•Entrevistas cualitativas en profundidad con seis responsables políticos y profesionales que trabajan en el campo de la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.

•Entrevistas cualitativas en profundidad con 17 actores clave de la sociedad civil, incluidos aquellos que trabajan en las organizaciones comunitarias más afectadas por las medidas de seguridad o en organizaciones que luchan por los derechos humanos.

•3 grupos de discusión con personas de distintas comunidades musulmanas en Madrid y en Barcelona.

•Una revisión de investigaciones existentes, de políticas y de informes de la sociedad civil.

•Una mesa redonda sobre los hallazgos iniciales y la exploración de recomendaciones potenciales con los formuladores de políticas, profesionales y actores de la sociedad civil.

Con la amenaza en retroceso de la violencia política separatista, la política de seguridad española se centra en el terrorismo de personas o grupos afiliados o inspirados por Daesh. Esta investigación se centra en las experiencias de las personas musulmanas en España, que enfrentan un riesgo significativo de discriminación y violación de sus derechos en la implementación de leyes y políticas de lucha contra el terrorismo y de la radicalización.

Las políticas antiterroristas tienen una larga trayectoria en España, ya sea por las políticas penales y penitenciarias aplicadas al grupo armado ETA o al movimiento abertzale – aún vigente – Resistencia Galega o GRAPO; y más tarde al movimiento anarquista o como se ha visto recientemente, con algunas alusiones a los Comités de Defensa de la República (CDR) en el marco del movimiento catalán.

Si bien las actividades policiales y de vigilancia de los servicios de inteligencia se reforzaron después de los atentados de Madrid de 2004, el enfoque de la lucha contra el terrorismo ha ido cambiando hacia una tendencia más multiinstitucional que busca la coordinación y colaboración entre las fuerzas de seguridad y otros actores estatales, incluidos profesores, educadores y trabajadores sociales, así como representantes de la comunidad y familias.

En 2014, como parte de su Estrategia de Seguridad Nacional, se creó el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para supervisar la implementación y desarrollo de la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR). El debate público sobre las leyes antiterroristas, enmendado en 2015 para reformar el Código Penal,[3] fue enmarcado por los políticos como era necesario para abordar el terrorismo “basado en la religión”. Un Plan Estratégico Nacional para Combatir la Radicalización Violenta (PEN-LCRV, 2015) señaló un mayor enfoque en la prevención. En el marco de este Plan se derivan medidas autonómicas y locales que impactan directamente en la población, ya sea en el ámbito educativo, sanitario, social u otros ámbitos.

Tras los atentados de 2017 en Barcelona, ​​se adoptó una Estrategia de Seguridad Nacional revisada y, en febrero de 2019, se lanzó una nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCT 2019). La estrategia se centra en lo que identifica como terrorismo “yihadista” y la amenaza de los combatientes extranjeros que regresan.[4]

Resultados clave

1. Delitos penales preventivos y vigilancia

La vigilancia de amplio alcance fue una característica del enfoque estatal para abordar la violencia política relacionada con ETA. Sin embargo, la vigilancia en relación con Daesh y la violencia política inspirada por Al-Qaeda es más expansiva y atrae a una sección más grande de la población a su ámbito. Hay dos factores clave para esta expansión de la vigilancia. Desde 2015, España ha ampliado la gama y el alcance de los delitos de terrorismo, lo que refleja un cambio más amplio en las leyes antiterroristas internacionales y de la UE hacia los delitos preventivos, es decir, la tipificación de conductas que no implican ningún daño directo a otros, pero que se criminaliza ya que se considera indicativo o predictivo de futuras acciones violentas. Estos nuevos delitos amplían el alcance de la vigilancia estatal para permitir la vigilancia basada en expresiones de creencias o actividades que se consideran indicadores de riesgo futuro (pedir comida halal en la escuela, asistir a las oraciones del amanecer, asistir a mezquitas presumiblemente salafistas). Además, la vigilancia ya no se limita a los presuntos miembros de organizaciones terroristas, sino que se extiende a las comunidades en las que se cree que las organizaciones terroristas reclutan.

Nuestros grupos de discusión y entrevistas revelan una experiencia generalizada de vigilancia estatal constante. La experiencia más directa de mayor vigilancia y control proviene de las detenciones policiales que se perciben como perfilaciones raciales. Para algunos musulmanes, las paradas de policías uniformados se han convertido en una parte normalizada de su experiencia diaria en los espacios públicos. Aquellos que viven en barrios con mayor población migrante creen que sus calles también están bajo constante vigilancia policial encubierta y señalaron algunos lugares específicos donde la vigilancia con cámaras policiales era visible.

La iniciativa de lucha contra la radicalización, “Stop radicalismos”,[5] ha convertido a ciudadanos españoles de a pie en parte del aparato de vigilancia y seguridad del Estado. El sitio web anima a todo el mundo a informar de sus sospechas sobre cualquier persona que crea que pueda estar “radicalizada”. Esto intensifica aún más la sensación entre los musulmanes de estar bajo sospecha de sus colegas y vecinos.

«[…] te sientes vigilado, observado, ya sabes. Y eso pasa por parte de la policía y de la gente, ya sabes, porque al final, tu vecino, aunque sea tu vecino, puede ser policía […] Creo que a veces están esperando que algún moro haga algo […] Mientras sus hijos catalanes o españoles juegan en el mismo barrio, ya sabes […] Pero si un niño moro hace algo… Pero claro, la vigilancia policial afecta a los vecinos, que eventualmente terminan haciendo labores policiales. No te sientes seguro en ningún contexto.»

2. Transparencia y rendición de cuentas

Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil necesitan conocimiento de las medidas antiterroristas para que el Estado rinda cuentas por la discriminación y la violación de derechos y para garantizar la seguridad de todos. Los actores de la sociedad civil destacaron la limitada información disponible sobre aspectos clave de las medidas de lucha contra el terrorismo. Preocupaba especialmente la falta de debate e información sobre el desarrollo y la aplicación de políticas de lucha contra la radicalización. La reticencia del Estado a compartir información sobre políticas y procedimientos de lucha contra el terrorismo y la radicalización contribuye a la percepción de que la administración reconoce indirectamente que tales políticas son estigmatizantes y discriminatorias.

Como señaló un activista de la sociedad civil:

«Como comunidad musulmana, nos indignó que el protocolo (contra la radicalización) se llevara a cabo en secreto. Si lo hicieron así, es porque sabían que la comunidad no lo aceptaría. Y que los movimientos sociales se escandalizarían. Las familias de las escuelas no fueron notificadas. Ahora mismo, muchas familias no lo saben, las que lo saben es por medios que no son oficiales, por contacto con activistas sociales.»

La falta de transparencia, sobre el despliegue de la política de contra la radicalización en las escuelas de Cataluña, refuerza la sospecha de que otros protocolos no publicados están en funcionamiento. Por ejemplo, no se hace público el protocolo que utilizan los agentes de los Mossos d’Escuadra[6] en barrios con gran población migrante y en espacios de culto musulmán. Sin embargo, varios de los expertos y activistas entrevistados confirmaron que existe este protocolo. Cuando se le preguntó al respecto, un oficial de Medidas de Prevención, líder de este organismo, dijo que se trataba de un documento técnico que era mejor no divulgar al público.

3. Políticas de contra la radicalización y racismo institucional

España tiene una estrategia nacional para luchar contra la radicalización violenta. No es posible determinar la naturaleza y la escala de las políticas de lucha contra la radicalización en toda España, ya que la información sobre políticas es restringida y los datos sobre el número de casos no son compartidos ni publicados sistemáticamente por la policía y ni por las autoridades políticas.

Las estrategias de prevención locales y regionales, implícita y a veces explícitamente, identifican a los jóvenes musulmanes del norte de África como la principal población objetivo de las políticas de lucha contra la radicalización. Por ejemplo, el protocolo catalán establece un vínculo entre el nivel de integración y el grado de radicalización. Apuntala como factores o indicadores de radicalización, experiencias y procesos migratorios comunes, como los desafíos y dificultades que experimentan los jóvenes a la hora de desarrollar y conciliar diferentes identidades y culturas.

La política identifica a famosos marroquíes españoles y árabes que se asimilan a la cultura catalana y española como modelos positivos “de su comunidad”. Esto refuerza la percepción de que los musulmanes que minimizan o renuncian a cualquier identidad religiosa son “buenos musulmanes”, mientras que aquellos que expresan o muestran una identidad religiosa son “malos musulmanes” y posibles extremistas.

Con el origen étnico, la religión y la edad como los únicos factores comunes en la identificación de los jóvenes musulmanes del norte de África como objetivos de la política de lucha contra la radicalización, este enfoque estigmatiza a los jóvenes musulmanes racializados y refuerza la conexión entre sus identidades y la violencia. Los coloca bajo sospecha por quiénes son, no por nada de lo que hayan hecho. Los documentos de política y la formación contra la radicalización también vinculan el riesgo de radicalización a la falta de integración, al menor no acompañado y al salafismo.[7] Las personas de estas categorías corren un mayor riesgo de sospecha, especialmente cuando hacen visible su identidad religiosa.

El trabajo de campo de investigación recogió datos sobre la implementación de la política contra la radicalización en Cataluña. La formación de los funcionarios estatales, incluidos profesores, trabajadores juveniles y trabajadores sociales, para identificar a las personas en riesgo de radicalización, parece ser un elemento clave de la estrategia catalana. Los funcionarios no estaban dispuestos a compartir información sobre los indicadores utilizados para identificar a las personas en riesgo de radicalización. Los datos facilitados por el Departamento de Educación de Cataluña muestran que, entre 2016-2018, más de 5.500 trabajadores públicos recibieron formación en la identificación de personas en riesgo de radicalización. Durante este período, las escuelas de Cataluña activaron el protocolo contra la radicalización[8] en más de 300 casos, lo que resultó en el envío de información al Ministerio del Interior. Desconocemos las características de estos casos ni si la policía o el poder judicial tomaron alguna medida.[9]

Las entrevistas con los profesionales involucrados en la implementación de la política de PVE (prevención de la radicalización violenta) en la educación en Cataluña sugieren que aumenta la vigilancia de los estudiantes musulmanes, con expresiones y acciones religiosas cotidianas que provocan un mayor escrutinio. Un maestro de escuela dio un ejemplo de un caso en el que el protocolo se inició después de que un estudiante se ausentara de la escuela. Sin el protocolo, esto habría sido tratado como un caso de absentismo escolar y se les habría enviado una carta a sus padres notificando esta ausencia. El protocolo se activó porque el alumno era amigo de una persona que, según el profesor, podía tener ideas “radicales”. Esto llevó a que se notificara a la policía y se investigara al menor y a su entorno familiar y social, en busca de posibles indicios de radicalización. Al explicar la decisión de activar el protocolo, los entrevistados aluden a las presiones que enfrenta el personal de la escuela para hacer derivaciones a los oficiales de seguridad:

«Como escuela debemos activarlo porque si no lo hacemos y pasa algo, llega la inspección y pide explicaciones. Tenemos la responsabilidad. Los Mossos vienen a recoger la información y ya está. Envié un correo electrónico a los Mossos y al día siguiente estaban aquí.»[10]

Las entrevistas revelan el impacto adverso a largo plazo sobre las familias que son objeto directo de dicha vigilancia. Este ejemplo muestra que las políticas de lucha contra la radicalización no se utilizan necesariamente en los casos más apropiados, pero los profesionales y las instituciones se sienten obligados a utilizarlas. También muestra que ni siquiera son los puntos de vista o las acciones de un individuo lo que lleva a una investigación intrusiva de su vida privada por parte del Estado; es suficiente estar asociado con alguien que se cree que tiene puntos de vista radicales.

4. Estigmatización, sospecha y vigilancia en la vida cotidiana.

La percepción de los musulmanes como peligrosos y como una amenaza para la seguridad pública fue una característica dominante de las experiencias de los entrevistados sobre su día a día.

«La sensación es que cualquier noticia que tenga que ver con musulmanes o marroquíes es una ocasión para atacarnos. El ambiente siempre está preparado. En el trabajo, por ejemplo, mi compañero no deja de decir que hay que expulsar a los moros porque todos ponen en juego la seguridad de todos.»

«Lo peor es que asumimos que esto es normal. Como somos musulmanes, nos toca vivir así. Creo que se necesita un cambio radical para que las cosas sean diferentes. ¿Cuál es el papel de las instituciones? Proteger a la sociedad en general. En este caso, una parte de la sociedad está siendo protegida del presunto daño que otra parte podría hacer. Estas instituciones están causando daño a esta última parte. Me siento discriminado las 24 horas del día, todos los días del año. Solo por el hecho de ser y declarar que soy musulmán, me convierto en sospechoso.»

Para la mayoría de los encuestados, las políticas estatales de lucha contra el terrorismo y la radicalización contribuyen y refuerzan los estereotipos y la estigmatización de los musulmanes como posibles amenazas a la seguridad.

«Es la visión de que cualquier musulmán puede ser un terrorista potencial, porque recuerdo que después de París, dijeron ´no podemos confiar en nadie, porque [los terroristas] eran tipos que parecían normales, argelinos de aquí`[…] así que cualquier compañero de universidad que veas como normal cualquier día puede convertirse en terrorista, …no sé si cuando voy a la universidad, algún compañero mío me está mirando para ver si algún día me convierto en terrorista… dando por sentado que al ser musulmán ya tienes una característica que te convierte en un terrorista potencial.»

«La mirada de sospecha siempre ha estado ahí. Lo que hacen estos protocolos es legitimar este tipo de visiones en las escuelas porque toman esas sospechas de racismo social y la institución las valida y pone las herramientas para controlar a esta población.»

Estas actitudes públicas se perciben como discriminatorias de diversas formas. Por ejemplo, los encuestados se sintieron presionados, por ser musulmanes, para condenar abierta y públicamente cualquier acto de terrorismo, mientras que tales demandas no se imponen a sus conciudadanos no musulmanes.

«Creo que el hecho de que siempre sintamos la necesidad de justificarnos, de decir “no en mi nombre”, también está ligado al miedo. Porque dices, me voy a expresar, porque si no, la policía vendrá más tarde… Es un miedo inconsciente. Porque si estuvieras en un país musulmán, no saldrías a decir que esto no es islam. Porque no tienes miedo de que te culpen simplemente por ser musulmán.»

Conectado a esto, los musulmanes tuvieron que ubicarse en el lado derecho del binario “moderado / extremista”, para demostrar que eran “moderados” en sus puntos de vista sobre cuestiones políticas o sociales, como condición previa para entrar en el espacio público, que erosiona su sentido de ciudadanía.

La política catalana de contra la radicalización reconoce la necesidad de políticas que aborden la islamofobia. Sin embargo, la política solo identifica la presencia de refugiados musulmanes en Europa y de ataques terroristas como la causa del aumento de la islamofobia. No reconoce ningún vínculo entre las políticas policiales y antiterroristas que ven a los musulmanes como un riesgo potencial de radicalización y las actitudes públicas hacia los musulmanes.

Se reconoce que el lenguaje utilizado en las políticas públicas de antiterrorismo y contra la radicalización puede reforzar los estereotipos y la discriminación, por ejemplo, la política catalana de contra la radicalización eliminó la referencia al islamismo por este motivo. Al principio, el título incluía “extremismo islamista” y, tras las quejas de la sociedad civil, se cambió a “extremismo violento”. Esta es la tendencia actual en toda la literatura existente, aunque todavía encontramos algunas menciones al terrorismo “yihadista”, a pesar de que el término yihad tiene raíces en la creencia islámica y tiene significados complejos y controvertidos. Además, el cambio de idioma no refleja ningún cambio más amplio en las prácticas políticas y policiales. Si bien se utiliza un lenguaje menos discriminatorio, los musulmanes siguen siendo el centro de las políticas de prevención y antiterrorismo.

4.1. Sociedad civil: cooperación y coacción

El enfoque de España contra el terrorismo busca la colaboración y la asociación con la sociedad civil. Si bien este enfoque puede tener buenas intenciones, el gobierno debe reconocer la asimetría en las relaciones de poder entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil de las comunidades minoritarias y marginadas.

En lugar del respeto mutuo, el reconocimiento y el apoyo a las organizaciones comunitarias para abordar los problemas que son importantes para ellas, el apoyo estatal depende de la colaboración en la lucha contra la radicalización. Muchos grupos de la sociedad civil musulmana informan que se sienten incómodos por la colaboración y la asociación en programas de lucha contra la radicalización, que creen que se utilizan para la vigilancia y la recopilación de inteligencia. Además, los funcionarios gubernamentales no siempre les consultan sobre el desarrollo de leyes y políticas antiterroristas.

Las organizaciones musulmanas, en particular las mezquitas, informan de visitas de los servicios de seguridad que las interrogan, buscan inteligencia e información sobre su comunidad y quieren que trabajen en asociación y colaboración en la lucha contra el terrorismo. Las organizaciones de la sociedad civil sienten que las solicitudes de asociación y cooperación están respaldadas por amenazas de mayor escrutinio y vigilancia, ya que la falta de voluntad para cooperar se considera un signo o indicador de extremismo y radicalización. Algunas mezquitas han normalizado la necesidad de demostrar su “buena ciudadanía”, por ejemplo, grabando sus sermones de los viernes para que estén disponibles para los servicios de seguridad si es necesario.

4.2. Prisión preventiva y deportación

El sistema legal español permite la prisión preventiva hasta cuatro años. La prisión preventiva prolongada debe ser excepcional y debe imponerse solo cuando sea estrictamente necesario. Sin embargo, la prisión preventiva prolongada es común en los casos de terrorismo. Ha habido casos de prisión preventiva de más de tres años y todos los demás casos relacionados con el terrorismo tienen un mínimo de dos años.

Existe una gran preocupación en torno al uso de la prisión preventiva. Según la experiencia de los actores de la sociedad civil, un gran número de los detenidos finalmente son liberados sin cargos. Esto podría indicar dos cosas: que los indicios que dan lugar a una acusación de terrorismo son muy débiles, lo que hace que la investigación judicial no encuentre pruebas suficientes; o que los protocolos de detección son demasiado amplios. Existe una preocupación particular tanto por el impacto de la prisión preventiva en las personas y sus familias como por la falta de apoyo que se les brinda cuando una persona es declarada inocente a través de la investigación. La situación de las familias varía. Esto tiene un impacto particularmente agudo en las familias donde la persona detenida es la principal fuente de ingresos de la familia. El estigma de estar bajo investigación también significa que la familia a menudo es condenada al ostracismo y recibe poco apoyo en la comunidad en general.

Nuestras entrevistas sugieren que la Ley de Extranjería se está utilizando para deportar a personas sobre la base de la amenaza que representan para la seguridad nacional. Los entrevistados sugieren que la deportación de imames que son ciudadanos extranjeros se utiliza para eludir los requisitos probatorios más estrictos requeridos por la ley penal. Como medida administrativa, tales deportaciones atraen garantías procesales menos estrictas que si el individuo fuese acusado y juzgado por un delito como la glorificación del terrorismo.

Hay tres casos destacados en los que se intentó deportar a los imames:

•El presidente del Centro Cultural Islámico Imam Malik de Salt, Mohammed Attaouil cuya expulsión quedó paralizada por la movilización social.[11]

•El imán de la penitenciaría de Zuera (Zaragoza), Fawaz Nahhas, que fue expulsado de su cargo por sugerir que los atentados de 2017 en Barcelona estaban relacionados con las acciones militares de España en Oriente Medio.[12]

•El imam egipcio Alaa Muhammad Said de Logroño al que se le dio una semana para salir de España y fue encarcelado a su regreso a Egipto.[13] Los actores de la sociedad civil informan que la amenaza de deportación se utiliza para presionar a las personas de la comunidad, en particular a los imames, para que cooperen y colaboren con los servicios de seguridad. En algunos casos, se ha informado de que se ha ofrecido la deportación como alternativa al enjuiciamiento a los detenidos en prisión preventiva. Ese enfoque constituiría un abuso de poder, contrario al estado de derecho y menoscabaría la igualdad ante la ley.

Recomendaciones

1.Garantizar una mayor transparencia en relación con las políticas de lucha contra la radicalización y su implementación mediante:

•Publicar información sobre todas las políticas de lucha contra la radicalización;

•Recopilar y publicar datos anuales sobre el número de personas identificadas para su derivación a funcionarios de seguridad a través de protocolos de lucha contra la radicalización y el resultado de las derivaciones;

•Publicar información anual sobre el contenido de la formación sobre lucha contra la radicalización impartida a los organismos públicos, incluidas las escuelas.

2.Al desarrollar o revisar las políticas de lucha contra el terrorismo y la radicalización, asegurar el compromiso con una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil musulmana, reflejando y reconociendo la diversidad de las comunidades musulmanas, especialmente de mujeres, jóvenes y migrantes.

3.Apoyar el trabajo comunitario de las organizaciones musulmanas no debe depender de su participación o participación en programas de prevención de la radicalización.

4.Desarrollar y apoyar iniciativas para aumentar la conciencia y el conocimiento de los derechos y libertades fundamentales entre musulmanes y grupos minoritarios afectados por medidas de lucha contra el terrorismo y la radicalización y desarrollar proyectos para monitorizar y documentar cualquier violación de derechos y libertades que experimenten.

5.Establecer un plan de acción integral para combatir la islamofobia, el racismo y la discriminación. Entender la islamofobia como una forma de racismo estructural.

6.Exigir que se lleven a cabo evaluaciones del impacto de la igualdad en todas las leyes y políticas de lucha contra el terrorismo y la radicalización.

7.Establecer un órgano independiente de seguimiento y evaluación para examinar la aplicación de la legislación y de la política de lucha contra el terrorismo y de la radicalización. Se debería exigir a un organismo de este tipo que involucre a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las comunidades afectadas más directamente por las medidas de lucha contra el terrorismo y la radicalización.

8.Garantizar un proceso policial y judicial justo, sin discriminación y en materia de derechos humanos, para las personas acusadas de terrorismo o radicalización.

9.Establecer herramientas de reparación económica, social y mediática para las personas acusadas o investigadas por “terrorismo” pero declaradas inocentes para mitigar los efectos de la estigmatización que sufren. Hay que asegurar que los medios existentes de reparación económica funcionen y lleguen a los interesados.

Acceso al informe completo en inglés.

Acceso al resumen ejecutivo en inglés.

Acceso al resumen ejecutivo sobre el Estado español en inglés.

Informe e investigación realizadas por European Network against Racism (ENAR), publicado en mayo de 2021.

Dirección: Tufyal Choudhury, profesor asociado en la Universidad de Durham e investigador principal sobre estado de derecho y seguridad nacional en Bingham Center for the Rule of Law. Investigadora nacional: Salma Amazain.

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[1]Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre la lucha contra el terrorismo y que sustituye a la Decisión marco 2002/475 / JAI del Consejo y modifica la Decisión 2005/671/ JAI del Consejo [2017] DO L88/6, artículo 29 (2).

[2] Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), ‘Annual Report on ECRI’s Activities Covering the Period from 1 January to 31 December 2018’ (Informe anual sobre las actividades de la ECRI que abarcan el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018), Etrasburgo, Consejo de Europa, 2019.

[3] Ley Orgánica 2/2015, Ley Antiterrorista y Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

[4] Oscar Lopez-Fonseca, “España lanza una nueva estrategia antiterrorista para luchar contra el yihadismo y el ´auge del extremismo´” El Pais (26 de febrero de 2019), último acceso 1 de abril de 2021: https://english.elpais.com/elpais/2019/02/26/inenglish/1551173888_956366

[5] ‘Stop Radicalismos’, último acceso 1 de abril de 2021, https://stop-radicalismos.ses.mir.es/

[6] Policía Autonómica de Cataluña, encargada de prevenir la radicalización en Cataluña.

[7] No queda claro en las políticas y discursos políticos y policiales qué se entiende por salafismo o por qué se considera un peligro. Entre los expertos académicos existe un desacuerdo significativo sobre la relevancia del salafismo como indicador y motor de la radicalización.

[8] Desde 2015 existe en Cataluña, el Protocolo de Prevención, Detección e Intervención en los procesos de radicalización islamista -PRODERAI (http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf ). Es un protocolo para la detección y prevención de la radicalización en la educación. Insta a los docentes a detectar actitudes que puedan considerarse sospechosas y denunciarlo a las autoridades policiales. Los profesores reciben formación sobre qué actitudes detectar durante una única sesión de formación impartida por la policía.

[9] Los agentes policiales involucrados en las políticas de prevención que asistieron a la mesa redonda nos informaron que la mayoría de los 300 casos involucraban extremismo de derecha u opiniones que podrían conducir a delitos de odio, además de que la mayoría de los casos no involucraban al Poder Judicial.

[10] Entrevista a profesional en la lucha contra el terrorismo.   

[11] P Santos, ‘Interior propone expulsar de España a un líder religioso de Salt’ El Periodico (9 September 2018), último acceso 1 de abril de 2021, https://www.elperiodico.com/es/politica/20180909/expulsion-salt-mohamed-attaouil-7025709

[12] Oliver Duch, ‘Interior reincorpora a la prisión de Zuera al imán que expulsó por vincular los atentados de Cataluña con misiones en el exterior’, Heraldo (17 November 2018),último acceso 1 de abril de 2021, https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2018/11/17/interior-reincorpora-prision-zuera-iman-que-zoido-expulso-por-relacionar-los-atentados-cataluna-con-misiones-exterior-1278172-2261126.htm

[13] Francisco Carrion, ‘El imam de Logroño, de la expulsión exprés en España a una cárcel egipcia’, El Mundo (24 September 2018), último acceso 1 de abril de 2021, https://www.elmundo.es/espana/2018/09/24/5ba7b4fd46163f20468b4669.html