Es muy positivo que cada vez estemos más sensibilizados con los temas relacionados con los delitos de odio y discriminación de carácter antimusulmán. Sin embargo, esa sensibilización no sirve de nada cuando nuestro gobierno no es capaz de reconocer a una comunidad compuesta por dos millones de personas musulmanas en el Estado español.

Hace un año aproximadamente, la Oficina Nacional de Delitos de Odio, publicó su informe de 59 páginas correspondiente al ejercicio de 2017. Al leerlo y no encontrar la palabra “islamofobia”, entendimos que estos casos se encontrarían en el apartado de racismo y xenofobia, ya que tal y como la definen las organizaciones internacionales, la islamofobia es una forma de racismo.

Veamos las categorías en las que se reparten los delitos de odio:

ONDO 2017

Cuando se le ha preguntado a la Oficina en cuestión por la segregación de esos datos, no solo no los han facilitado, sino que además han esgrimido la excusa de que la islamofobia no está tipificada dentro del agravante 22.4 del Código Penal que dice así:

Artículo 22

4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

Cual fue nuestra sorpresa, cuando unos días más tarde leíamos en prensa:

«En los informes que se publiquen anualmente, dentro de los delitos racistas habrá un apartado dedicado al “antigitanismo”, como establece la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea»

eldiario.es

Esta decisión lógica y necesaria de segregar los datos aparte para el antigitanismo contradice el argumento dado por la Oficina unos días antes, puesto que el antigitanismo tampoco aparece específicamente como agravante en el artículo 22.4 del Código Penal.

Es más, el motivo por el cuál abren ese apartado, “como establece la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, también está establecido para la islamofobia.

Con todo esto, el pasado 18 de enero, la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos publicó un comunicado para solicitar la segregación de datos en los informes mencionados, que son los únicos que tenemos para analizar el fenómeno de la infradenuncia en contraposición a la base de datos que alimentamos la sociedad civil (de manera voluntaria).

Fue entonces cuando nos enteramos de que el racismo antimusulmán se archivaba en la categoría “creencias o prácticas religiosas”:

Cualquiera que haya trabajado un poco en este campo, sabe que este tipo de racismo es lo suficientemente complejo e interseccional como para estar repartido entre las categorías “racismo y xenofobia” y “creencias o prácticas religiosas”. Porque aunque no figure, damos por hecho que algunos casos sí se encuentran en este primer apartado.

El 25 de junio de 2019, se celebró en Madrid el “Taller sobre sinergias y buenas prácticas para abordar el racismo y la discriminación hacia los musulmanes” en el marco de la iniciativa #NoPlace4Hate del Consejo de Europa con representantes de organizaciones de la sociedad civil europea, de los Estados miembro y de organismos europeos especializados en la defensa de los derechos humanos como ODHIR , FRA , EQUINET o ECR.

El propio nombre del evento, que era la continuación de otro celebrado el 3 de diciembre de 2018 en el Consejo de Europa en Bruselas, ya nos da una pista de dónde no se debieran clasificar todos los delitos de odio antimusulmán.

Además del comunicado, los dos eventos europeos, las recomendaciones de la Agencia de  los Derechos Fundamentales (FRA) y de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), la sociedad civil europea entregó a los Estados miembro el 25 de junio unas recomendaciones que especifican:

«Desarrollar y promover la gestión de la recopilación de incidentes en las áreas de delitos de odio e igualdad, reconociendo los indicadores islamófobos en una categoría separada»

Es muy bonito aparecer en estos eventos para salir en la foto, pero la no segregación de datos sobre los incidentes y delitos de discriminación hacia las personas musulmanas, tan necesaria para elaborar las estadísticas correspondientes, dejan todas estas iniciativas y esfuerzos en papel mojado.

En septiembre se publicó el nuevo informe de la Oficina Nacional de Delitos de Odio correspondiente al ejercicio 2018 sin que se haya tenido en cuenta ninguna de las cuestiones mencionadas.

ONDO 2018

No pedimos que se tipifique la islamofobia en el código penal, sino transparencia y reconocimiento en los informes oficiales, tal y como lo recomiendan todos los organismos internacionales que velan por la defensa y promoción de los derechos humanos.

No hacerlo, simplemente, confirma esa institucionalidad de la islamofobia tan negada.

Publicado originalmente por Aurora Ali en Alkalima el 14 de octubre de 2019.